Septiembre y la autonomía de decisión de la mujer

Por: Celia Reyna

Septiembre se convirtió en el mes de la liberación femenina, no solo por los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los que se declaraba inconstitucional la penalización del aborto, o por la garantía de la objeción de conciencia como un derecho humano, pero que no puede ser usado para limitar el derecho de terceros como de las personas que acudan a solicitar la interrupción legal de su embarazo, también significó la reapertura, revisión y liberación de aquellas mujeres encarceladas por abortar.

Fue el lunes 6 de septiembre cuando en el Pleno de la SCJN, ocho de los once ministros se pronunciaron por anular la criminalización del aborto en Coahuila, esto como consecuencia de la propuesta presentada por uno de los ministros y que derivaba de una acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR), en la que se proponía declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila en el que se establecía una pena de hasta 3 años de cárcel para las mujeres que abortaran de manera voluntaria. La Constitución estatal no consideraba el aborto voluntario ni si quiera en casos de violación.

A pesar de contar con ocho pronunciamientos a favor de declarar inconstitucional la penalización del aborto en aquel estado, suficientes para que por medio de votación se solicitara al congreso local una reforma de su constitución y su código penal, el martes 7 de septiembre se continuó con la discusión en la que solo dos ministros participaron ya que el tercero no se presentó “por causas de fuerza mayor”.

Con la participación y votos de 10 de los 11 ministros, el Pleno de la SCJN invalidó por unanimidad la legislación del estado de Coahuila en su código 196 que impone de uno hasta tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”. Sin embargo, el fallo únicamente involucra a la entidad mencionada obligándola a modificar su Código Penal y no implica que en automático el aborto se despenalice en todo México, pero la decisión de la corte si sienta un precedente judicial para su aplicación en todos los estados mexicanos.

Hasta antes del fallo histórico de la SCJN, tan solo 4 de las 32 entidades del país permitía legalmente la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin importar las razones; Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Ciudad de México fue la primera entidad que despenalizó el aborto y tomó las medidas necesarias para garantizar la interrupción legal en las instituciones de salud en 2007. Desde ese año hasta el presente, 237 mil 643 personas han acudido a interrumpir sus embarazos de forma segura.

Dos días después del fallo histórico que sentó los precedentes para cambiar las constituciones locales y la federal, el Pleno de la SCJN volvió a hacer historia al rechazar la pretensión de otorgar estatus de persona al embrión o feto. Con ello se pretendía garantizar las medidas de protección del producto sobreponiéndose a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

En un posicionamiento unánime la SCJN determinó que los Estados carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos ya que es una capacidad exclusiva de la Constitución Federal.

Como resultado de los dos fallos de la SCJN, se solicitó que el Instituto Federal de Defensoría Pública diera asesoría y defendiera a las mujeres que habían sido procesadas, sentenciadas o que se encontraban en la posibilidad de ser imputadas por el “delito” de aborto. Se reconoció que no se cuenta con un mapeo de todas las personas que se encuentran en dicha situación, sin embargo, se aseguró que se trabajará para resolver el tema. “Vamos a defender a las niñas más pobres del país, no vamos a permitir desde el PJF que se siga condenando a la mujer a una prisión injusta por ejercer sus derechos a decidir sobre su cuerpo. El tema del aborto no agota los derechos de las mujeres”, se leía en el comunicado de la SCJN.

El siguiente paso fue con el tema de la “objeción de conciencia” en la que en comparación con las decisiones anteriores en las que el fallo final fue por decisión unánime, ocho de los once ministros del Pleno de la SCJN votaron el 20 de septiembre por invalidar la normativa dentro de la Ley General de Salud debido a su ambigüedad y parámetros poco claros sobre el ejercicio del derecho de la objeción de conciencia y al peligro que podría representar contra el derecho de las mujeres a abortar.

La “objeción de conciencia” se entiende como el derecho del personal médico y sanitario a negarse a participar en procedimientos médicos por razones ideológicas, religiosas o éticas. El derecho es reconocido por el mismo Poder Legislativo Federal y por los congresos locales, sin embargo, la SCJN consideró que, si bien es un derecho que puede y debe ser ejercido, éste no puede usarse para negar el derecho de las mujeres y personas gestantes para acceder y tener una interrupción legal y segura.

Norma Lucia Piña Hernández, una de las ministras que voto a favor de invalidar el derecho, aseguró que la poca claridad en los alcances de la objeción de conciencia “pone en riesgo no solo a más personas que deciden abortar, sino a quienes buscan vacunas o anticonceptivos, personas trans o pacientes con VIH”. Por lo anterior, aunque la SCJN reconoce ambos derechos, la objeción de conciencia no puede ser usada para dañar o negar derechos a grupos vulnerables y a su vez enfatiza que es el Estado quien debe garantizar el derecho a la salud de los pacientes.

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